El clima de tensión que estamos viviendo desde la llegada de la ultraderecha a las instituciones resulta insoportable. Todo lo ganado en convivencia desde la transición del 78 hasta nuestros días, con sus aciertos y sus errores, se ha puesto en cuestionamiento.

A principios de siglo se otorgaron en España dos licencias de televisión pública con la pretensión de generar una mayor pluralidad mediática para favorecer la libre formación de la opinión pública. Aquellos dos nuevos entes televisivos, Cuatro y LaSexta fueron absorbidos unos pocos años después por sus inmediatos competidores, más grandes, con más audiencia, dueños ya de otros medios de comunicación y, paradójicamente, con una línea editorial contraria a la de las cadenas de televisión que acababan de comprar. De un plumazo las televisiones progresistas desparecieron para dar paso a dos grandes conglomerados, Atresmedia y Mediaset, conservadores. Son estos godzillas de la comunicación los que han permitido, en las principales franjas horarias, la proliferación de bulos y mentiras intencionadas repetidas hasta la saciedad -algunas, incluso, después de haber sido desmontadas en los juzgados- siempre en contra de una misma formación política: Unidas Podemos (Podemos en su origen). Han conseguido estas corporaciones llevar a Podemos del primer lugar en las encuestas al odio contra Unidas Podemos utilizando, a través de sus presentadores estrella y de sus contertulios, noticias falsas sobre una supuesta financiación ilegal del partido (siempre desmontada en los tribunales), resucitando mediáticamente a ETA, cosificando a las mujeres del partido morado como «mujeres de» y repitiendo mantras fascistoides como «gobierno ilegítimo», «gobierno golpista», «gobierno socialdelincuente» o «gobierno asesino» para referirse al primer Gobierno de coalición de nuestra nueva etapa democrática que recibió el voto de 9.911.563 votantes en las elecciones de 2019 a los que se podrían sumar más de medio millón de votos de Más País, que siempre ha apoyado a este Gobierno de izquierdas. En total, el 51,4% de los votantes españoles.

Todas esas proclamas y bulos nacen o son adoptados por la ultraderecha. Especialmente por Vox, pero también por el PP más a la derecha del PP, como el que lidera Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y esos ataques, que tienen la intención de hacer desaparecer del espectro político a la opción que representa valores de convivencia, progreso e inclusión, se lanzan también contra las personas más vulnerables, las minorías y sus representantes: menores de edad inmigrantes que viven en España sin sus padres, mujeres maltratadas, el colectivo feminista, trabajadores de ONG, personas negras, orientales (el virus chino, anticuerpos españoles) y gitanas, personas trans, personas LGTBI, personas que sufren enfermedades incurables e impadecibles (rechazando la ley de eutanasia), personas que reciben subsidios o ayudas (a las que han llamado mantenidos), familiares de víctimas de la guerra civil y el franquismo, etc., etc., etc.

En definitiva: odio al Gobierno legítimo salido de las urnas y odio a los pobres y a los diferentes con mensajes soeces, de increpación, brutales. Una crispación en el Congreso y en los altavoces mediáticos que llega a la calle, se establece y crece en la calle. Esa crispación constante hace que cualquiera pueda convertir en suyo el odio al Gobierno y pase de las palabras a los hechos.

Es lo que ha ocurrido en estos últimos días con los sobres con balas enviados al ministro de Justicia, la directora general de la Guardia Civil y el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. A los que hay que añadir el sobre recibido por la ministra de Turismo con una navaja ensangrentada y otros sobres denunciados por diputados y políticos de diversas formaciones de izquierda. La reacción de los medios de comunicación a estas gravísimas amenazas de muerte ha sido de nuevo la de blanquear el fascismo y poner en duda a los amenazados. Justo lo mismo que ha hecho Vox. ¿Se imaginan ustedes que alguien en 1997 hubiese dudado del peligro que corría Miguel Ángel Blanco por ser concejal del PP? Toda España se echó a la calle para pedir su liberación. ¿Se imaginan que la agresión que recibió Mariano Rajoy en Pontevedra en 2015 hubiera sido aplaudida por Pablo Iglesias? En aquel momento, la izquierda, tanto los partidos como sus votantes, respondió «así no». La única manera legítima de cambiar gobiernos democráticos es en las urnas. El odio, la confrontación, el medio, las amenazas, las agresiones, no caben en democracia. No lo decimos nosotros, lo dice la Ley de Partidos Políticos (Ley Orgánica 6/2002) en su artículo 9.2:

Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:
a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.
b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.

Serán los tribunales los que decidan, si lo tienen que decidir en algún momento, si alguna formación política está saltándose el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 6/2002. Quienes sí estamos en disposición de decidir ya somos la ciudadanía. Principalmente la de Madrid por ser la que tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina, pero, en general, es un asunto de todas y todos los que vivimos en España. En cada pueblo, en cada provincia y comunidad autónoma, hay que pararle los pies al fascismo y cambiar los sobres con balas por sobres con votos a la izquierda. Si queremos seguir siendo libres no podemos consentir que nos gobiernen quienes quieren amedrentar, expulsar o amenazar de muerte a quienes defienden la libertad y la convivencia. En definitiva, el 4 de mayo y a partir de ahora, DEMOCRACIA o sobres con balas.

Grupo municipal Adelante San Juan, 27 de abril de 2021.